Dólares del colchón: flexibilizan controles de lavado para comprar inmuebles por menos de US$ 198.000

Dos semanas después de los anuncios de Luis Caputo para que los argentinos saquen los dólares del colchón sin justificarlos, el Gobierno terminó de publicar las últimas medidas del plan de reparación histórica de los ahorros. Se trata de la flexibilización de controles de lavado para la compra de autos, propiedades y transacciones en efectivo como con depósitos bancarios, todas operaciones reguladas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Mientras el Ejecutivo sigue trabajando en un proyecto de ley, el organismo encabezado por Paul Starc publicará este miércoles una resolución en línea con el decreto 353/2025 que el 23 de mayo encomendó a la UIF revisar su normativa en un plazo de 30 días. "La resolución sale publicada en Boletín Oficial, hoy se firmó", confirmaron fuentes oficiales, en referencia al ente encargado de prevenir el lavado, terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.

De acuerdo con los cambios a los que pudo acceder Clarín, los escribanos y el registro de la propiedad inmueble deberán reportar la compraventa de inmuebles por montos mayores a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), unos $ 235.050.000 (US$ 198.000). Se trata de un monto que más que triplica el umbral que estaba vigente hasta el momento de 200 salarios mínimos, equivalente a $ 62.680.000 (US$ 52.900).

Al subir el umbral, los tributaristas esperan una menor cantidad de operaciones a controlar por parte de los sujetos obligados. Estos son los bancos, contadores, abogados, concesionarias, transporte de caudales, plataformas de financiamiento, emisores de tarjeta, aseguradoras y organismos públicos, entre otros. Todos ellos deben informar a la UIF sobre operaciones sospechosas, pero los cambios alcanzarían solo a una parte de ellos.

Por otra parte, la UIF dispuso nuevo umbral para el reporte de adquisiciones de automotores: $50.000.000 (US$ 42.300), cuando antes era de $ 26.000 millones (US$ 21.900), y suspendió por única vez la actualización automática de los umbrales hasta enero de 2026, momento en el cual volverá a aplicarse el ajuste semestral basado en el Índice de Precios de la cámara de concesionarios ACARA.

También se elevó el monto para elaborar el perfil del cliente para la compra venta de vehículos, que pasó de $ 60.000 millones (US$ 50.600) a $115.000.000 anuales (US$ 97.100). A partir de ese límite, los sujetos obligados deben requerir el origen de los fondos utilizados. "Se eliminó la certificación contable y se la reemplazó por declaraciones juradas de origen y licitud de fondos", señaló el organismo.

Para los depósitos en efectivo, se identificará al depositante por montos iguales o superiores a los 40 salarios mínimos, equivalente a $ 12.536.000 (US$ 10.587). Las operaciones realizadas con tarjetas o en cuentas recaudadoras quedan exceptuadas de esta exigencia, aunque igualmente deben documentarse con el titular de la cuenta.

También se informará en forma sistemática las transacciones en efectivo por más de US$ 10.587, tanto las operaciones generales como la compraventa de moneda extranjera.

"El umbral de 40 salarios mínimos es a los efectos de identificación del depositante. Por debajo de ese umbral, el depositante no será identificado por el sujeto obligado del sistema financiero. Por sobre el umbral, sí debe ser identificado adecuadamente por el sujeto obligado. Todo ello sin perjuicio de las medidas de debida diligencia del cliente DDC, que la entidad financiera debe realizar sobre las operaciones de la cuenta en la que se depositaron aquellos fondos", señalaron fuentes oficiales.

Los bancos aguardaban los cambios de la UIF para sumarse al nuevo esquema. Si bien ARCA los instó a abstenerse de solicitar la declaración jurada de impuestos, las entidades mantenían hasta ayer los controles de lavado sin cambios. La UIF se tomó su tiempo en medio de las advertencias sobre los riesgos de incumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Gobierno necesita además que las provincias firmen un convenio de adhesión.