Deepfake, fake news y elecciones

Las elecciones de CABA registraron una situación histórica para nuestro país. Más allá de su relevancia desde lo estrictamente político e institucional, hubo un acontecimiento que no debemos pasar por alto.

El debate sobre el impacto de las noticias falsas en las campañas electorales tuvo un caso reciente en Rumania, donde el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso de elección presidencial, incluida la primera vuelta del 24 de noviembre de 2024. La decisión, tomada dos días antes de la segunda vuelta, se basó en que hubo irregularidades y violaciones a la ley durante todas las etapas del proceso, lo que afectó tanto la libertad y justicia del voto ciudadano como la igualdad de condiciones entre los candidatos, comprometiendo la integridad de la elección.

Ahora se ha registrado un nuevo hito en Buenos Aires. Sobre el filo de la elección del domingo, cerrada la campaña electoral y en el período de veda, tuvo lugar la difusión de un video generado mediante inteligencia artificial (deepfake), cuyo contenido difundía una fake news destinada a impactar, inevitablemente y como pasó, en la conversación pública electoral.

Hasta acá, una realidad que nadie puede negar: la legislación debe receptar y regular estas situaciones de manera puntual y precisa. Sin embargo, con las actuales disposiciones sobre la veda electoral, los organismos competentes no pueden mirar para otro lado haciéndose los distraídos.

Así lo entendió el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de una denuncia presentada por una fuerza política, decidió intervenir y emitió la Resolución n° 89/2025 a las 2:48 de la madrugada del domingo 18. En esa resolución le ordenó a la red social X que eliminara las publicaciones denunciadas. Además, informó de lo sucedido al Ministerio Público Fiscal y le envió una copia del caso para que evalúe cómo continuar con el tema.

Es relevante el paso dado por el Tribunal Electoral. Su decisión fue la que corresponde a todo organismo electoral: actuar inmediatamente ante la posible violación de la legislación protectoria del proceso electoral, en resguardo de la integridad del acto comicial y de la manifestación auténtica de la voluntad popular. Más allá de las sanciones que a futuro le pudieran caber a los responsables, hacer cesar en el acto tales circunstancias, es la única manera de cumplir con el imperativo constitucional y legal: garantizar la legitimidad del resultado de las elecciones. Esta es la razón de ser de la existencia de dichos organismos.

Siempre, claro está, sin romper las reglas del juego limpio durante todo el proceso electoral. Porque la tarea de estos organismos no es anular elecciones, sino proteger su validez. Para eso, es clave que actúen a tiempo y dentro de las funciones que la ley les asigna.

Anular una elección es una decisión extrema, que solo puede tomarse en situaciones muy graves dentro de una democracia. Hacerlo cambia las condiciones para todos: tanto para quienes se presentan como candidatos como para quienes van a votar. Repetir la elección en otro momento rompe el equilibrio original y puede afectar la igualdad de oportunidades. Por eso, esa salida debe evitarse siempre que sea posible.

José María Pérez Corti es Especialista en Derecho Electoral. Director de las diplomaturas de Derecho Electoral de la Universidad Austral.