En diciembre 2015, María Eugenia Vidal explicaba, pesarosa, que el estado bonaerense estaba “quebrado” y no había recursos ni para pagar sueldos. Menos de tres años después, el peronismo, gobernante hasta entonces, pide que se declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad. Buenos Aires adquiere nuevamente el volumen de la crisis, presagia un adelantamiento de los tiempos políticos, mientras expone la necesidad de gobernabilidad ante los riesgos de eventuales desbordes sociales.
Desde las 18 de este lunes, en la Casa de la Provincia, una delegación del PJ conformada por intendentes del Conurbano plantea a representantes del Ejecutivo la emergencia “en todos los órdenes”. La prioridad establecida entre funcionarios y jefes comunales es la red de contención social en los distritos con ayuda de alimentos, entre otras medidas.
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Los ministros Santiago López Medrano (Desarrollo Social) y Joaquín de la Torre (Gobierno) reciben a la delegación con la instrucción de reforzar los planes de asistencia a las comunas. “Es la continuidad de las reuniones que venimos realizando” con los jefes municipales, según la explicación de López Medrano a Clarín. A fines de julio fue la última con los secretarios del área de las comunas, en la Gobernación. En aquel momento sonaban las alertas por las consecuencias de la devaluación y la retracción de la actividad económica. En ese mes, la caída de la producción industrial llegaba a 5,6% y la inflación era 3,1% con un acumulado del 19,6 en 2018. No hubo variantes hasta esta semana de setiembre.