Después de que el gobierno anunció que la próximas sedes que pondrán en vigencia el sistema procesal acusatorio en la justicia federal serán Comodoro Py el fuero Penal Económico porteño, comenzaron las primeras presentaciones de los fiscales de diversas instancias, explicando los problemas acuciantes que podrían hacer fracasar el cambio: falta de recursos, infraestructura, conectividad y cobertura de cargos, que podrían poner en peligro el correcto funcionamiento de la nueva modalidad procesal. Las últimas declaraciones del ministro de Justicia profundizaron las diferencias con el Ministerio Público Fiscal, que protagonizará los cambios más sustanciales.
“Hay un apoyo generalizado a la instauración del sistema acusatorio; lo que hay es una conciencia de que no se puede instalar a como dé lugar. Los recursos son fundamentales y escasean, y eso ha sido puesto de manifiesto por el Procurador General de la Nación en reiteradas oportunidades. Una fecha establecida sin fundamento como deadline debería ser corregida por la prudencia de saber que no debe fracasar en su implementación”, replicó un fiscal con larga trayectoria en Comodoro Py.
Después de una nota remitida por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, al ministro Mariano Cúneo Libarona donde expuso la inquietud de los fiscales por la “falta de programación, planificación y de un diagnóstico real”, por parte del Gobierno, el titular de la cartera de Justicia minimizó los planteos.
“Las quejas son exclusivamente de los fiscales, no de los jueces. Hoy la Justicia está en crisis. Tenés muy pocos casos de envergadura que llegan a condena, esto es estadístico, matemático. Tenés procesos que tardan 22 años, 24 años. Esos juicios no sirven" porque los imputados murieron o los testigos no se acuerdan lo que pasó hace 30 años”, dijo Cúneo Libarona en un reportaje en A24.
Según diagnosticó Casal en su nota al Ministerio de Justicia hay un “preocupante panorama general que parece agravarse con la incorporación ininterrumpida de más jurisdicciones, sin haberse terminado de atender las necesidades de las ya instauradas”.
El Procurador advirtió que "puede verse comprometida la eficacia misma de la reforma y la posibilidad del Ministerio Público de cumplir adecuadamente con la misión encomendada”.
El jefe de los fiscales habló de una situación “cuanto menos preocupante. Y mucho más preocupante aún es que no se advierta dicha circunstancia que viene siendo puesta en conocimiento de ese Ministerio recurrentemente en más de veinte presentaciones que intentaron ser resumidas en la del 7 de febrero pasado y que, claramente, no aparece siquiera considerada”.
Cúneo Libarona, que tampoco respondió a este última nota, en la que además se habla de un “creciente cúmulo de necesidades presupuestarias y de recursos insatisfechos que progresivamente se amplía a raíz del avance del cronograma de implementación, sin reparar en la magnitud de los desafíos pendientes”, hizo declaraciones para defender la implementación del sistema acusatorio en Capital Federal a partir del 11 de agosto.
Fuentes judiciales expresaron a Clarín que “sin recursos que den lugar a una implementación, un destino inteligente en recursos edilicios, humanos y tecnológicos” es inviable lo que propone el gobierno.
En sintonía con ese reclamo y siempre bajo la convicción de que el sistema acusatorio es el camino a transitar para una justicia más eficiente, otro integrante del Ministerio Público Fiscal añadió: “Somos conscientes de que no todo lo que pedimos puede aparecer de la nada, pero tampoco puede ponerse una fecha caprichosamente determinada para el comienzo. Es tan absurdo el plan de puesta en funcionamiento que recién se están haciendo los análisis ahora, como se hizo en todas las jurisdicciones, para ver si se llega a la fecha y no al mejor establecimiento de puesta en marcha”.
Las palabras del ministro de Justicia respecto de que “la queja es solo de los fiscales”, tuvieron una su réplica en más de un despacho: “La queja es un planteo avalado por el Procurador General en más de veinte notas que nunca se respondieron y que incluyen a todos los fiscales de ambos fueros, federal penal y penal económico, con un reclamo central: sin recursos no es la forma de llevar adelante este cambio”, indicó un fiscal con larga trayectoria en el edificio de Retiro.
En su entrevista con A24, el ministro de Justicia añadió a su planteo que en la justicia “tenés muchísimos casos que demoran, lentitud. Después, hay un gran abandono de toda la Justicia en el país, no se la atendió. Comodoro Py tiene problemas de agua, de conectividad, electricidad, cuestiones lógicas”.
Es parte de un diagnóstico minucioso que encargó el Consejo de la Magistratura presidido por el juez Horacio Rosatti, máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, según los primeros datos que pudo conocer Clarín, la modificación del cableado integral del edificio de Comodoro Py demandará una inversión de entre 5.500 y 6.000 millones de pesos. “Esos fondos no se están aplicando a mejorar las instalaciones, donde además no se puede ni garantizar con las instalaciones actuales, la provisión de agua”, explicó una fuente judicial a Clarín.
La relación entre el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno está en un punto de máxima tensión, como definen algunos funcionarios judiciales. “No es por el sistema acusatorio -algo que avalan todos los fiscales- sino porque debe realizarse una transición responsable no sólo sostener una fecha como anuncio político”, explicaron jueces federales que se desempeñan en Comodoro Py.
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Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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