Revés para el Gobierno: la Justicia le ordena terminar obras en 37 barrios populares y reinstalar el fondo que las financiaba

El Gobierno volvió a desafiar a la Justicia Federal y perdió. Este jueves venció el plazo que el juez federal de Pehuajó Héctor Heim le había dado al ministerio de Economía para que elaborara un plan para avanzar con obras detenidas en 37 barrios populares y asentamientos del conurbano bonaerense, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. Un día después, el magistrado ordenó al Gobierno que frenara la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Ni la Casa Rosada ni el ministerio de Economía contestaron las consultas de Clarín al respecto, pero podrían apelar a la Cámara Federal de La Plata para revocar el fallo.

Mientras tanto, Heim multó al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. El también presidente de LLA en la Provincia y delegado de Karina MIlei en el principal distrito del país deberá pagar $200 mil por día de demora mientras siga sin presentar un plan.

Luis Caputo no envió señales. Manuel Adorni en medio de la cuenta regresiva ordenada por la Justicia hace tres semanas y en campaña, anunció con bombos y platillos la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que servía para financiar esas obras.

Ahora el juez Heim exige que el FISU sea restablecido o que el Gobierno presente un plan alternativo para financiar las obras.

El CELS había presentado una medida cautelar para obligar a Caputo, que controla la secretaría de Obras Públicas, que a su vez tiene a su cargo la subsecretaría de Integración Socio Urbana -responsable, en los papeles de las obras. Además, el organismo presentó un escrito para reclamarle al juez que tuviera en cuenta la imposibilidad de que el Gobierno pudiera presentar un plan para terminar con las obras si ya no contaba con la herramienta para financiarlas.

“Con la última decisión de eliminar el FISU, anunciada por el vocero presidencial, además de consolidarse y agravarse la violación de derechos que originó esta acción, se establecen condiciones que afectarán el cumplimiento de la medida cautelar y la eventual resolución del fondo del caso”, esgrime el texto del escrito firmado por Diego Morales, abogado del CELS. En noviembre de 2024, el juez Heim ya había ordenado a la Secretaría de Vivienda que culminara las obras que incluyen desde redes cloacales, de agua, conexiones eléctricas, cordón cuneta, construcción de veredas, un centro comunitario y núcleos húmedos, pero el Ministeriode Economía desoyó la orden judicial.

La interrupción de las obras en los 37 municipios afecta a 334.000 familias, según los números de la mesa nacional de barrios populares.

Por si fuera poco, el Gobierno eliminó la secretaría de Vivienda y solo mantuvo en el organigrama la SISU que depende de Pareja, armador de Karina Milei, que tensiona con el sector que responde a Santiago Caputo. En esa dependencia, insitían en que la idea es reactivar las obras si la economía sigue creciendo, pero -aunque el Presidente sigue utilizando sus metáforas sobre los “pedo de buzo”- por ahora no hay señales de que la canilla de gasto pueda volver a abrirse.

En rigor, el FISU -creado durante la gestión de Macri para programar políticas para el sector por 30 años- ya había quedado desfinanciado con la eliminación del impuesto País, cuyo 30% de la recaudación estaba destinada con ese fin, desde febrero de 2020. La prórroga por segundo año consecutivo del Presupuesto 2023 no tuvo en cuenta ese detalle, aunque incluía la ejecución de las mencionadas obras.

“Si esta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%", había dicho Pareja en febrero de 2024 sobre la gestión de su antecesora Fernanda Miño, una dirigente del riñón de Juan Grabois.

En un sector del Gobierno se entusiasmaban con la posibilidad de reactivar obras en esos barrios como un lubricante de cara a la campaña electoral; sobre todo en territorio bonaerense.

La parálisis de obras favoreció usurpaciones en loteos con servicios, pérdidas de puestos de trabajo en cooperativas de construcción y la pérdida de millones de pesos invertidos en redes de conexión eléctrica, agua y cloacas a medio terminar.

La mesa nacional de barrios populares se movilizó el martes ante la Cartera de Caputo para meter presión y horas después de las tormentas que azotaron al AMBA el fin de semana. “Nuestros barrios populares se llenan de basura cada vez que llueve, por eso hoy trajimos esos desechos al ministerio de Economía a ver si empiezan a pensar en los que peor la pasamos y reactivan las obras de integración (...) Esta decisión deja sin agua potable, cloacas, electricidad segura, calles y viviendas adecuadas a más de 5 millones de personas”, esgrimieron los activistas vinculados a las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP.

El reclamo cuenta con el aval de una ONG como Techo y del Arzobispado y la Conferencia Episcopal, que en junio pasado se expidió al respecto. El obispo Gustavo Carrara, número 2 de Cáritas advirtió por el avance narco en los barrios ante la falta de urbanizaciones. “Hay urgencias y no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado (...) Es necesaria una presencia inteligente del Estado porque sino el narcotráfico avanza, mata personas e hipoteca la vida de niños y adolescentes”, sostuvo.

Caputo esquivó las multas que hubiera tenido que responder con su propio patrimonio, como deslizó Leonel Bazan, del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia económica del CELS. “El Ministerio es el principal obligado. Ante el posible incumplimiento vamos a solicitar sanciones económicas en la cabeza de Luis Caputo hasta tanto se presente el plan para terminar las obras suspendidas”, sentenció Bazan en diálogo con Clarín. Finalmente la responsabilidad recayó sobre Pareja.

En el CELS recuerdan que el juez federal Heim es también juez penal y sostienen que podría trasladar el fallo a ese fuero, o hacerse cargo él mismo como parte de la ejecución de la cautelar que el Gobierno desoyó. Caputo podría ser apercibido o citado bajo apercibimiento de denuncia penal.