La Justicia dispuso la intervención del directorio de la empresa Vicentin

La Justicia ordenó la intervención del directorio de Vicentin y suspendió de forma provisoria los mandatos de ese órgano de istración de la empresa agroindustrial. En reemplazo, las dos personas que hasta el momento se desempeñaban como veedores del proceso, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quedarán al mando de la firma durante los próximos 120 días hábiles.

La resolución judicial -que lleva la firma del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini- señala que la empresa con sede en Santa Fe "no tiene caja y acumula una deuda posconcursal de más de $30.000 millones". El texto, además, sostiene que las principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos.

Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain, por su parte, fueron suspendidos sin goce de sueldo. No obstante, deberán colaborar con los nuevos interventores.

Los nuevos interventores deberán, "en un plazo máximo de 10 días", según les encomendó el juez, "presentar un informe de situación, plan de actuación y confromación de un grupo de colaboradores y auxiliares".

El magistrado planteó 4 objetivos centrales:

• 1) istración y disposición de todos los bienes y recursos de la sociedad, tanto dinerarios como de cualquier otra índole, ubicados en el país y/o en el extranjero, dinero en cualquier moneda, inversiones, derechos, acciones, inmuebles, stocks, productos, etc. siendo esta enumeración meramente enunciativa;
• 2) Negociar, celebrar, rescindir, resolver y en general istrar contratos de todo tipo, tales como fazón, alquiler y/o servicios, etc. que impliquen ingresos y/o egresos para la sociedad con el objeto de reducir el déficit de la misma, o de sus unidades de negocios;
• 3) Disponer medidas urgentes de conservación de los activos ínterin se apruebe el plan de intervención definitivo;
• 4) Reorganizar la estructura istrativa y productiva de la concursada conforme la realidad actual de la empresa, sus unidades de negocios y necesidades operativas inmediatas.

En los considernados del fallo, el magistrado remarcó que si bien "la justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores". En este sentido, la intervención se sustenta en la Ley de Concursos y Quiebras y tiene como fin evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger “una empresa económicamente viable”.

En tanto, Lorenzini también ordenó que ningún proveedor pueda dejar a la compañía sin “servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte”, y dispuso que se restablezcan los que ya hayan sido interrumpidos.

De la misma manera, la medida alcanza a organismos estatales nacionales, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), provinciales (API) y a los gobiernos municipales.

Antecedentes recientes

El 5 de abril, el directorio de Vicentin había anunciado el cierre de las dos plantas que la empresa mantenía operativas, en Ricardone y Avellaneda, ambas ubicadas en territorio santafesino.

Fue la primera vez que se interrumpió el trabajo -salvo por algún receso temporario programado- desde que la agroexportadora entró en default financiero, el 4 de diciembre de 2019, e ingresó en concurso de acreedores en febrero de 2020.

Incluso cuando el caso alcanzó alta ebullición política, con la intervención e intneto de expropiación por parte del gobierno de Alberto Fernández, no se interrumpió la dinámica de trabajo.

El motivo del cierre de las plantas fue la falta de contratos para producir. Sin embargo, pese a este difícil escenario, esperaba una mejora para que se pudieran reanudar las actividades.

"Ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón [para producir para terceros] en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación", expresaron en un comunicado.

Tras el parate, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó Reconquista y dejó en claro que el Ejecutivo provincial no intervendrá en el proceso judicial que involucra a la empresa.

“No quisiéramos que ninguna empresa quiebre y menos una tan importante para el norte santafesino como Vicentin, pero a mí no me van a ver ni a ninguno de los ministros metidos en cuestiones judiciales”, afirmó.

El gobernador mantendrá una postura institucional. “Tenemos que aprender de una vez por todas a respetar la ley y la división de poderes. Nos puede gustar más o menos, pero esa es la única forma de garantizar una democracia sólida”, concluyó .

Después de 11 días desde ese primer anuncio, tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la agroexportadora retomó las actividades en ambas sedes fabriles.

Respecto a los trabajadores, la empresa mejoró en ese momento su propuesta para cubrir la deuda salarial correspondiente a marzo, mientras que los empleados se comprometieron a retomar las tareas en el primer turno del jueves 17 de abril.

El acuerdo de la empresa los sindicatos destrabó el conflicto salarial y permitió retomar la actividad, a partir del pago escalonado de los haberes netos adeudados.

A cambio, el sector laboral se comprometió a reanudar tareas operativas: cargar el barco en el puerto, movilizar camiones, retomar la molienda y permitir la salida de subproductos almacenados. El objetivo inmediato es descomprimir la tensión social provocada por la falta de pago y comenzar a procesar el stock de semillas que permanecía sin destino.

Este miércoles, según lo dispuesto por Lorenzini, las tareas laborales deberán mantenerse activas.