La istración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que desde el martes, los laboratorios que quieran exportar psicotrópicos, estupefacientes, sustancias controladas y precursores químicos no pagarán más los aranceles istrativos que hasta ahora cobraba el organismo que regula los medicamentos y alimentos en el país.
Si bien desde el Gobierno se intentó transmitir a Clarín que se trata de una medida que la industria farma "vio con agrado", en algunas de esas entidades dieron a entender que no lo sienten exactamente así. Esto, aun cuando fuentes oficiales destacan que el año pasado más de 50 empresas hicieron más de 2.000 trámites arancelados de los que ahora serán reducidos a una gestión gratuita, y el gasto anual por esas gestiones haya sido por casi $1.500 millones.
Pero a los laboratorios, o la medida no les genera impacto alguno porque la exportación de productos medicinales no está entre sus actividades (el caso de CAEME, la cámara que nuclea mayormente a los laboratorios de capitales extranjeros), o en cambio les parece que el impacto de esta disposición será casi irrelevante en términos económicos. Lo último dieron a entender desde CILFA, la cámara más grande que nuclea a la industria nacional.
Al cierre de estas líneas, Clarín intentaba obtener una perspectiva de las otras dos cámaras que representan a los fabricantes de remedios en el país: la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y la de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (CAPGEN).
Además de mencionar a esas cuatro entidades, la disposición de la ANMAT (que salió publicada este lunes en el Boletín Oficial) explicita que la novedad debe ser notificada también a otros potenciales exportadores, como las cámaras que representan laboratorios medicinales de producción veterinaria. Puntualmente, CLAMEVET y CAPROVE.
El delicado vínculo del Gobierno y los laboratorios
Si la medida parece grande sin realmente serlo es porque se presta a mezclar dos temas que van en paralelo: por un lado, los montos de tipo burocrático-istrativo que cobra la ANMAT en concepto de importaciones y exportaciones (precisamente, lo que se flexibiliza ahora para ciertos medicamentos); por otro, los montos involucrados (sin dudas, mayores) en concepto de derechos de exportación que, en cambio, retiene el Ministerio de Economía.
Algo de esto último se empezó a flexibilizar o desregular para los medicamentos biológicos hace 15 días. Fue a partir de una medida muchísimo más grande, con impacto directo en las exportaciones industriales.
Pero, en cuanto a los trámites ante la ANMAT -ahora facilitados-, vale aclarar que, por ejemplo, los psicotrópicos y estupefacientes por hasta $500.000 vienen pagando $15.000 en concepto de "constancias y/o certificaciones de importación/exportación". Y si los remedios en cambio superan los $50 millones, vienen abonando un monto que para una familia tipo será significativo pero resulta muy pequeño en términos de comercio exterior. Es $1.425.000, el tope del arancel para ese tipo de medicamentos.
Al margen de estas consideraciones, hay una perspectiva entre líneas desde la que esta medida no es totalmente irrelevante. Todo se conecta con una intención del Gobierno de Javier Milei sobre la potencial apertura de importaciones a medicamentos.
Se trata de una impronta que fogueó (y de algún modo preanunció) hace algunos meses el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuando acompañó a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, en esa especie de apertura de compuertas solitaria que la provincia inició para recibir medicamentos desde India.
Y no sólo lo anunciaron sino que lo empezaron a hacer. El objetivo: traer productos con precios competitivos, en una crítica consolidada (que Sturzenegger se puso al hombro), en contra de los altos precios de medicamentos en el país.
Por estas horas, no faltan fuentes del sector que tracen líneas de sentido entre estos hechos: mientras el horizonte del Gobierno es desregular el ingreso de medicamentos desde el exterior, salen estos "mimos", con beneficios más grandes o más chicos, para tampoco darle la espalda a la industria farmacéutica nacional, un sector de gran peso para otros actores del Gobierno, como el propio Mario Lugones, ministro de Salud.
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